Los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2025 revelan que millones de niñas, niños y adolescentes realizan actividades laborales en el país. Aunque el indicador disminuyó respecto de 2022, persisten diferencias regionales y condiciones que ponen en riesgo la educación, la salud y el desarrollo de la infancia.

En México, 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil durante 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil publicados por el INEGI el 21 de octubre.
La cifra representa una tasa nacional de 12.6% para ese grupo de edad. Aunque el indicador disminuyó frente al 13.1% registrado en 2022, continúa por encima del 11.4% reportado en 2019, lo que muestra que el problema persiste pese a la reducción más reciente.
El informe también identificó a aproximadamente 1.7 millones de menores en ocupaciones peligrosas. Además, 1.8 millones realizaban ocupaciones no permitidas por la legislación, categorías que pueden superponerse y que reflejan riesgos asociados con la edad, las condiciones laborales y las actividades desempeñadas.
Las diferencias regionales son importantes. Guerrero registró la tasa más alta, con 22.6%, seguido de Oaxaca, con 20.9%, y Chiapas, con 20.3%. Estas entidades superaron ampliamente el promedio nacional, lo que evidencia que las condiciones económicas y sociales influyen en la distribución del trabajo infantil.
Por sectores, las ocupaciones no permitidas se concentraron principalmente en actividades agropecuarias, servicios y comercio. Algunos menores trabajan en entornos que pueden implicar jornadas extensas, exposición a riesgos físicos o dificultades para combinar sus actividades con la asistencia regular a la escuela.
El estudio también muestra una relación entre el trabajo infantil y las dificultades económicas de los hogares. El aumento de los precios de los alimentos, la pérdida de ingresos laborales y otros problemas familiares pueden empujar a los menores a incorporarse al trabajo para contribuir con los gastos de sus familias.
Los resultados subrayan la importancia de fortalecer la protección de la infancia, ampliar las oportunidades educativas y mejorar las condiciones económicas de los hogares vulnerables. Reducir el trabajo infantil requiere no solo vigilancia laboral, sino también medidas que permitan a niñas, niños y adolescentes permanecer en la escuela y desarrollarse en condiciones seguras.