La administración Biden llegó al poder en 2020 con promesas contundentes de un cambio radical en las políticas de inmigración establecidas por su predecesor, Donald Trump. Durante su campaña presidencial, Joe Biden aseguró un giro de 180 grados, incluyendo una moratoria de 100 días en las deportaciones y la protección de las ciudades santuario de las acciones de las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley.

Además, Biden criticó duramente el trato dispensado por la administración Trump a los inmigrantes indocumentados en la frontera sur, argumentando que Estados Unidos tenía la capacidad de acoger a quienes huyen de la opresión y la desesperación. En un evento en agosto de 2019, Biden afirmó: "Podríamos darnos el lujo de acoger a dos millones en un abrir y cerrar de ojos".

Sin embargo, hasta la fecha, muchas de estas promesas parecen estar lejos de cumplirse. La moratoria de deportaciones se enfrentó a desafíos legales y no ha sido implementada de manera efectiva. Las ciudades santuario continúan enfrentando la presión de las políticas migratorias federales, y la situación en la frontera sur sigue siendo compleja, con un flujo constante de solicitantes de asilo y una creciente crisis humanitaria.

La discrepancia entre las promesas de campaña y las acciones tomadas hasta ahora destaca los desafíos políticos y logísticos que enfrenta la administración Biden en materia de inmigración. En un país dividido en opiniones sobre este tema sensible, el camino hacia una reforma migratoria integral parece ser aún más difícil de recorrer.