La historia de Maritza, una joven guatemalteca de 17 años que huyó de su país debido a la violencia y el acoso sexual que enfrentaba, refleja la dura realidad de muchos niños, niñas y adolescentes migrantes en la región. 

A pesar de tener una tía en Veracruz con quien podría quedarse, Maritza fue expulsada de México por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Coahuila, sin considerar el peligro que enfrenta en su país de origen. Su caso no es único: en 2023, México devolvió a 6,548 niños, niñas y adolescentes migrantes a sus países de origen, incluyendo a aquellos menores que viajaban solos y acompañados. 

A pesar de las leyes que supuestamente protegen a la niñez migrante, como la armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Migración en 2020, la realidad es que muchos menores continúan enfrentando la deportación sin una ruta clara de protección integral. Este hecho contradice el principio del interés superior de la niñez y plantea interrogantes sobre el cumplimiento efectivo de los derechos de los menores migrantes en México.